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Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, dijo que los padres y madres no solamente desconocían sobre restos encontrados, sino que en los hallazgos “no participaron los del EAAF y no se contemplaba realizar los análisis en Innsbruck”.

(Tomada de Proceso)


 

Por Gloria Leticia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de la próxima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a unos meses de que éste deje el poder, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, alertaron del riesgo de que se les presenten resultados no confirmados sobre supuestas identificaciones forenses no validados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nombrados como sus peritos en la indagatoria.

En conferencia de prensa convocada para hacer algunas aclaraciones a los señalamientos que ha realizado López Obrador para exculpar al Ejército en el caso, un grupo de seis padres y madres abundaron también sobre la documentación entregada que sólo consta de 15 folios, en los cuales hay evidencia de que la institución castrense podría tener más información sobre el destino de los jóvenes.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos respaldaron a integrantes de las organizaciones Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Servicios y Asesoría de Paz (Serapaz), luego de que el presidente, en diversas ocasiones, ha convertido a los representantes en blanco de ataques por parte del presidente durante sus conferencias mañaneras.

Hilda Hernández, madre de Manuel González, informó que, durante la reunión del 3 de junio, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, les informó que se harían pruebas de ADN “mitocondrial” a restos localizados en las búsquedas de los estudiantes, situación de la que no tenían noticia sus expertos, los integrantes el EAAF.

“Eso no nos gustó, porque resultaron igual que el gobernó anterior que no nos informaban las acciones que realizaban y después salía la información en los medios de comunicación”, explicó.

Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, agregó que los padres y madres no solamente desconocían sobre los restos encontrados, sino que en los hallazgos “no participaron los del EAAF y no se contemplaba realizar los análisis en Innsbruck, sino que se haría una identificación de ADN mitocondríal”.

Ortega alertó que, en esas condiciones, “sin la participación del EAAF ni de Insbruck no vamos a validar los resultados, porque todo se hizo de manera unilateral, no se hizo parte de los trabajos a los padres y madres, no vamos a validar los resultados si resultan positivos”.

Mario César González, padre de Manuel González, puntualizó que “no es consigna exigir que el Ejército sea investigado”, toda vez que hay elementos surgidos de las propias investigaciones de la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de las escuchas que hizo la oficina antidrogas de Estados Unidos DEA, que demuestran la participación castrense.

González contó que, de la revisión de la documentación entregada, está la transcripción de una intervención telefónica realizada por el Ejército, a personas no identificadas en las que “se pregunta si ya encontraron los 14 cuerpos en la colonia Colina del Sol y en la laguna”.

Al rechazar la posición del presidente López Obrador de defensa del Ejército, al asegurar en conferencia de prensa que “no tiene nada que ver en el caso Ayotzinapa”, González pidió explicación a la infiltración de la Normal Rural Isidro Burgos por miembros de inteligencia militar, como lo fue el soldado Julio César Patolzin, uno de los 43 desaparecidos.

“Nosotros no estamos señalando al Ejército, fue uno de sus propios testigos, un testigo protegido del gobierno (el testigo Juan) quien dijo que 25 jóvenes fueron entregados a 27 Batallón de Infantería de Iguala, y que ahí los torturaron y los mataron; fue por los documentos que encontraron los expertos del GIEI quienes identificaron los 800 folios en los que podría haber información de nuestros hijos, y no se vale que el Ejército se investigue a sí mismo, y ahora nos digan que sólo en esos 15 folios hay información del caso Ayotzinapa”, dijo Mario González.

En nombre de los padres y madres de los 43 normalistas, Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez Telumbre, y Cristina Bautista respaldaron el acompañamiento de sus abogados, Vidulfo Rosales, de Tlachinollan; Santiago Aguirre, del Centro Prodh, así como de quien fuera director de esta última organización, Mario Patrón, quienes han sido víctimas de señalamientos del presidente López Obrador.

Al abundar en las declaraciones de los padres y madres, el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, explicó que las familias y sus representantes no fueron notificados sobre los hallazgos ni mucho menos de cómo serían analizados, por lo que carecen de información sobre el número de restos que serán sometidos a análisis.

Dijo que el lunes 3 de junio, después de la reunión, procedieron a buscar a los miembros del EAAF, que están acreditados ante la Fiscalía General de la República (FGR) como peritos independientes, para saber si tenían información sobre los hallazgos y qué opinaban de la propuesta del análisis de ADN mitocondrial.

“Lo que se confirmó es que los expertos del EAAF no fueron notificados de los hallazgos y nos recordaron que aplicar el método experimental de identificación genética por vía mitocondrial no es preciso, por lo que el resultado obtenido no podría considerarse válido, por lo que se corre el riesgo de que se presente una identificación falsa, como ya ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“A unos meses de que termine el sexenio, lo que tememos con este anuncio es que se quiera dar un madruguete y se anuncien identificaciones de restos sin que hayan participado los peritos de los padres y madres y no en el laboratorio de Innsbruck, cuando sabemos que a FGR no tiene la capacidad técnica para procesar restos óseos de manera precisa”, abundó.

De acuerdo a las organizaciones que representan a los padres y madres, sin la participación del EAAF ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, se estaría “incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de estos equipos que cuentan con su confianza”.

Sobre los indicios de participación de personal militar “antes, durante y después” de la desaparición de los 43, Aguirre resaltó que además de lo expuesto por don Mario González, “hay que recordar que en las intervenciones de comunicaciones que hizo la DEA, de manera legal, a miembros de la delincuencia organizada en Estados Unidos vinculados con Guerreros Unidos, hay claramente indicios de la connivencia que había entre los mandos militares del 27 Batallón con el crimen organizado, se habla de entrega de dinero a oficiales de los que se mencionan sus apellidos”.

Aguirre abundó que en la misma indagatoria se confirma que la noche del 26 de septiembre de 2014, hubo presencia militar en las calles de Iguala, a través de los OBIs (Oficiales de Búsqueda de Información), algunos de ellos presenciando la desaparición sin hacer nada, hubo presencia militar en Barandillas, situación que en su momento fue ocultada, y después vemos que hubo intervenciones telefónicas en las que podría haber datos del paradero de los jóvenes”.

Vidulfo Rosales señaló que no se puede negar la presencia militar en el caso Ayotzinapa, por lo que urgió a que se entreguen los 800 folios que el GIEI señaló podrían tener información valiosa en torno al caso.

Para el abogado es absurdo “declarar que el Ejército no participó y pensar que es cierto solamente porque se tiene millones de simpatizantes y votantes, cuando estamos viendo que no se están agotando las líneas de investigación que conducen al sector militar, a pesar de que la misma indagatoria así lo indica”.

Explicó que a pesar de que fue el testigo protegido de la FGR, Juan, afirmó que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón y ahí fueron torturados y ejecutados, “no se abundó sobre esa investigación, no hubo diligencias para establecer la veracidad o no de la información”.

Asimismo, recuerda, en el caso de las intervenciones telefónicas que hizo el Ejército días después a presuntos integrantes del grupo criminal, “hay intervenciones telefónicas a presuntos integrantes del grupo criminal que hablan de los jóvenes y no se hace nada, lo mismo ocurre ahora en etas 15 fojas, en las que se habla de 14 personas encontradas en la Colonia Colinas de El Sol y en la laguna, hasta ahora no sabemos qué se hizo con esa información, si hubo búsquedas o no, por eso cómo es que quieren que nos quedemos callados”.

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