Ciudad de México.- Amaneció en la Ciudad de México con un fallo inédito en los tribunales. Cuatro soldados, integrantes del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, recibieron sentencia: 40 años y nueve meses de prisión. Su delito: la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero de 2023.
La noticia corrió como pólvora en la sala de prensa. La voz de los familiares—resquebrajada, pero firme—se dejó oír. Había satisfacción, pero también rabia. Porque los condenados no eran los únicos responsables. Otros militares dispararon esa noche. Otros altos mandos lo permitieron. Y sin embargo, la justicia solo alcanzó a estos cuatro nombres: Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López.
Una disculpa y un reclamo
La ley ordena que, cuando la sentencia quede firme, el comandante del XVI Regimiento de Caballería Motorizada ofrezca una disculpa pública. Una medida simbólica que, para los familiares, no es suficiente.
“La disculpa no nos devuelve a nuestros hijos”, decía Rubén Mata, padre de una de las víctimas. A su lado, Amalia Rocha y Rosa Elia Benítez asentían en silencio. Cinco nombres flotaban en la sala, ausentes pero presentes:
- Gustavo Suárez
- Wilberto Mata Estrada
- Jonathan Aguilar Sánchez
- Alejandro Trujillo Rocha
- Gustavo Pérez Benítez
Ellos no tuvieron juicio. Solo ráfagas de fuego en la noche.
El pacto de silencio
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, tomó la palabra. Denunció la complicidad dentro del Ejército. Dijo que la manipulación de pruebas, la protección a los mandos y la opacidad de la Sedena impidieron que más responsables estuvieran sentados en el banquillo.
Habló de un nombre en particular: Miguel Ángel Ramírez Canchola, comandante del XVI Regimiento de Caballería Motorizada. Lo señaló como un hombre con las “manos manchadas de sangre”. Pidió su destitución y que se le investigue.
Porque la masacre de 2023 no fue un hecho aislado. En 2021, bajo su mando, cinco civiles fueron ejecutados en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo. En 2024, una enfermera, una niña y un joven secuestrado murieron bajo las balas del Ejército y la Guardia Nacional. En noviembre de ese mismo año, Esteban Durán Álvarez fue torturado y asesinado por militares.
“¿Cuántas más?”, preguntó el activista.
Una justicia que camina lento
Mientras los familiares claman por castigo, los soldados condenados siguen en libertad. Custodiados por la Guardia Nacional, deben firmar cada semana en el Campo Militar Número 1.
Los abogados Edgar Netro y Roberto Puente explicaron que, hasta que la sentencia quede firme, no pisarán una prisión civil federal.
Los familiares ven esta medida con desconfianza. La tropa paga, pero los altos mandos siguen ilesos.
“No queremos que esto vuelva a pasar”
Desde el estrado, las madres alzaron la voz. No querían una venganza, sino una advertencia.
Que los soldados sepan que obedecer órdenes ilegales no los salvará de la cárcel. Que los altos mandos sepan que la impunidad no es eterna.
Y que el país recuerde los nombres de los caídos. Porque el olvido es la sentencia más injusta de todas.