Reforma y legado de atrocidad
Nada podrá detener la aprobación en la Cámara de Diputados –y muy probablemente, tampoco en la de Senadores, gracias a una suripanta y muy barata oposición- de la reforma judicial.
Enloquecidos de poder, los legisladores del oficialismo obradorista han decidido ir hasta el final con una reforma que los perseguirá el resto de sus días por haber destruido el orden constitucional y la división de poderes.
Convertidos en una caricatura, Morena y aliados desacatan suspensiones, pisotean procesos y protocolos y han hecho del proceso legislativo un patético circo. Todo, con tal de complacer al émulo de Nerón que ve arder al país desde un palacio virreinal mientras se regocija en una demencial revancha.
Los mismos obradoristas han dado muestra de lo que pretenden hacer para someter a jueces, magistrados y ministros y que es la fuente de la desconfianza hacia las supuestas “buenas intenciones” de la reforma al Poder Judicial.
La amenaza de someter a juicio político y meter a la cárcel a cualquier togado que resuelva en contra de sus intereses se ha convertido en el arma favorita del morenato. Y con la mayoría que les regalaron el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral federal, están perfectamente en condiciones de hacerlo.
¿Qué juzgador va a atreverse a defender ya no digamos a una empresa, sino a cualquier ciudadano de a pie que sea víctima de un abuso de autoridad, de una arbitrariedad gubernamental? ¿Quién se opondrá a un régimen que avanza aceleradamente hacia el despotismo autoritario?
Pero el verdadero problema está por venir. Vulnerado el estado de Derecho, destruida la certeza jurídica con la aprobación de la reforma de marras, el panorama para México se torna más que sombrío. Las advertencias de lo que sucederá han sido claras desde los sectores productivos, los socios comerciales de México y los distintos inversionistas: la reforma ahuyentará la llegada de nuevas inversiones por el alto riesgo que representa un país donde sus autoridades no respetan sus propias reglas o las cambian por capricho. Y varias más que ya están aquí, se fugarán en breve. ¿Quién se va a arriesgar a que de buenas a primeras un gobierno bananero se apropie de lo que no le pertenece ni le costó?
La amenaza de una crisis económica es real. Tan solo en las semanas previas, el peso se devaluó aproximadamente 20 por ciento respecto del dólar. Y no porque la divisa estadounidense se hubiese fortalecido. Fueron apenas las primeras reacciones, todavía mínimas, del mercado ante la sobrerrepresentación ilegítima del oficialismo en el Congreso de la Unión y la amenaza de aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasará una vez que se concrete formalmente? No es tan difícil de adivinar.
Nada de eso inmuta a los destructores de la República, que no parecen darse cuenta de la herencia envenenada que le dejan a Claudia Sheinbaum, que será quien tenga que lidiar con las consecuencias de este septiembre negro pero que, atada de manos, sin capacidad de decisión propia, simplemente navega arrastrada por la corriente, convalidando el legado de atrocidad del sexenio obradorista que, al final, será también el suyo.
“Huevitos con cátsup” para la CEAPP
Mientras los trabajadores de Radiotelevisión de Veracruz finalmente protestan por las condiciones degradantes en las que han tenido que realizar sus labores durante todo este sexenio y que llevaron a la muerte al iluminador Abraham Márquez, desde la Comisión de –dizque- Protección y Atención a Periodistas (CEAPP) los estigmatizan y agreden.
El presidente de la CEAPP, Silverio Quevedo, quien publica una columna en el diario Imagen de Veracruz y lleva varias décadas en el medio, en lugar de defender los derechos de los trabajadores, salió a sugerir en su texto “Del anarquismo en RTV al ‘río revuelto”, que prácticamente hay una “conspiración” detrás de las legítimas protestas de los comunicadores, de sus colegas, sin molestarse en disimular su afiliación con el gobierno de Cuitláhuac García.
En una nueva carta dirigida al todavía gobernador, los trabajadores de la emisora estatal manifestaron que “nos da mucho pesar que quien debería ser un aliado, como miembro de la Comisión Estatal de Periodistas, no investigue más sobre las generalidades de RTV que llevaron a este acontecimiento. Estos comentarios parecen más bien intentos de desacreditar a las y los trabajadores, sugiriendo incluso signos de conspiración, cuando quien escribe la nota evidentemente no conoce los procesos internos de nuestra institución”.
“Además, en dicha nota se menciona que circula un ‘documento anónimo’ que intenta desacreditar su legitimidad. Sin embargo, aquí, como en Fuenteovejuna, somos muchos y muchas los que estamos alzando la voz después de mucho tiempo. Cualquiera que revise nuestras redes sociales o que observe la manifestación verá nuestros rostros y entenderá que somos numerosos quienes estamos exigiendo justicia y mejores condiciones de trabajo”, mencionaron.
Pero algunos comunicadores veracruzanos, enfundados en sus “casacas guindas”, también quieren sus “huevitos con cátsup”.
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