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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha tomado una medida que promete intensificar la ya tensa relación entre su gobierno y la Iglesia católica. A partir de ahora, las iglesias en el país estarán obligadas a entregar una parte significativa de sus ingresos al Estado, incluyendo las limosnas y otras fuentes de financiamiento. Esta medida ha sido formalizada en la publicación oficial del gobierno, La Gaceta, según ha informado la agencia AFP.

La nueva normativa implica que las instituciones religiosas deberán contribuir con hasta un 30% de sus ingresos anuales en concepto de impuestos. Esta decisión se enmarca en una serie de reformas legales que buscan, según el gobierno, “fortalecer el control fiscal y la transparencia” en el país.

Ofensiva contra la sociedad civil

En paralelo, Ortega ha ordenado el cierre de 150 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), en su mayoría relacionadas con el comercio y el sector empresarial. Esta medida sigue al reciente cierre masivo de mil 500 ONG’s, muchas de ellas de carácter religioso, que el gobierno clausuró en los últimos días. Estas acciones forman parte de las reformas a las leyes de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y “Regulación de Agentes Extranjeros”, que obligan a las ONG’s a coordinar sus proyectos con las instituciones del Estado.

La oposición en el exilio ha denunciado estas decisiones como un ataque directo a la sociedad civil, acusando a Ortega de utilizar estas reformas como una herramienta para sofocar cualquier forma de disidencia o crítica a su gobierno.

Impacto en las organizaciones religiosas

La resolución publicada en La Gaceta establece que las iglesias, denominaciones y fundaciones religiosas, anteriormente exentas de impuestos bajo la “Ley de Concertación Tributaria”, ahora estarán sujetas a contribuciones fiscales que podrían alcanzar hasta un 30% de sus ingresos anuales. La oposición ha calificado esta medida como un golpe dirigido a las instituciones religiosas que han mantenido una postura crítica frente al régimen de Ortega.

Mientras tanto, la sociedad nicaragüense observa con preocupación cómo se estrecha el margen de acción para las organizaciones independientes en el país, en un contexto de creciente control estatal sobre todos los aspectos de la vida pública.