ESPECIAL

Ciudad de México

Organizaciones sociales, entre ellas Artículo 19, SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reiteran que ni el expresidente Enrique Peña Nieto, ni el senador Miguel Ángel Osorio Chong (exsecretario de Gobernación), ni el entonces director del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, pueden quedar impunes. Deben evadir la responsabilidad por el uso ilegal del spyware Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y empresarios durante el sexenio pasado.

En un comunicado emitido, estas organizaciones subrayan que en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Pegasus ha continuado siendo utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas. Además, señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha otorgado nuevos contratos a la red de empresas que vendió el spyware al gobierno de Peña Nieto.

Estas afirmaciones surgen en el contexto del inicio del juicio contra Juan Carlos García, exempleado de KBH, una empresa vinculada al ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher, representante oficial de la empresa israelí NSO Group, que vendió Pegasus a la Sedena. Durante el juicio, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), apodado “Zeus”, declaró que las empresas de KBH utilizaron el malware contra varios periodistas, incluyendo a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil y Héctor de Mauleón, así como contra empresarios como Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco.

El testigo protegido afirmó que, en ocasiones, Uri Ansbacher recibía instrucciones para el espionaje ilegal directamente de Enrique Peña Nieto, a quien llamaba “patrón”, así como de Miguel Ángel Osorio Chong y Eugenio Ímaz Gispert. Este juicio contribuye a la investigación “Pegasus Project”, en la que Proceso y Aristegui Noticias expusieron cómo, en el sexenio pasado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Sedena y el Cisen utilizaron Pegasus contra más de 15 mil objetivos, incluyendo políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.