Alega el gobernador Cuitláhuac García, que no fueron 43 los restos de las víctimas destazadas y embaladas encontrados en refrigeradores en Poza Rica.
Mienten los periodistas, “No son 43 sino 13”, dice el parte oficial.
Sin embargo, así fuera uno, solo uno, la violencia criminal no cesa. Es producto de la alianza del gobierno con los siete cárteles que controlan el estado.

 A cinco años de un gobierno fallido, la ciudadanía no pierde la capacidad de asombro. Sobre todo, de cara al contraste entre quienes gobiernan empeñados en insistir que en Veracruz no pasa nada ante la necia realidad que apunta en sentido contrario.
El baño de sangre.
Desde ayer los titulares de la prensa local, nacional e internacional aluden la masacre y violencia extrema que vive Veracruz luego del hallazgo de cuerpos desmembrados al interior de refrigerantes en Poza Rica el pasado domingo.
Los primeros reportes policiales aluden restos de 34 personas… ¡brutal! Sin embargo, la Fiscalía y el propio gobernador apresuraron ayer que solo eran restos de 13 -“Tal vez más”, asegura la Fiscal- ¡más brutal!
Luego ese afán de buscar desaparecer la información de la masacre que es del dominio público vía distractores y, para no variar, echar la culpa a los periodistas de las “cifras falsas” que no único que provocan es exacerbar la irritación social.
Y no solo eso.
Recordarnos, que Veracruz se ha caracterizado en el último lustro por ser el más importante enclave criminal que tiene bajo su control a los gobiernos municipales, al estatal y todas las actividades de carácter económico y comercial.
Del dominio público es sabido que la policía municipal -y la estatal- están bajo las órdenes de los cárteles; nadie ignora asimismo que desde la segunda oficina de gobierno se marca la línea de complicidad ni que el gobernador solo acata al ser rehén de fuerzas superiores.
Poco valor tiene a estas alturas insistir que Veracruz tiene certeza o vive en un estado de seguridad pública donde la criminalidad ha bajado y que “ya no es como antes”.
Cada semana en desacreditadas mesas de seguridad encabezadas por Cuitláhuac, se habla de notables avances en el combate a la delincuencia y que todo lo que se ha vivido es producto de los corruptos “conservadores” (no hablamos de los refrigeradores) y complicidades de gobierno anteriores.
Ello de tal suerte que, si su verdad apunta a 13 o 14 y no 34 los desmembrados ¿Quién responde por ellos?
Bien dice la oposición que la cadena de hechos macabros suscitados en Poza Rica, solo reflejan el grado de descomposición que se vive en el país y particularmente Veracruz a manos de un gobernante rehén de la criminalidad de dentro y fuera.
Y lo más grave:
El cinismo oficial manifiesto ante atrocidades inadmisibles en donde grita “no exagerar” aludiendo los “poquitos” muertos en una región donde “no pasa nada y hay paz social”.
Por menos crucificaron a priistas llevándolos a prisión.
Esa “normalidad democrática”, por va más allá de lo anecdótico o el olvido ante hechos de violencia e inseguridad pública.
No basta la explicación oficial.
Se debe dar una respuesta que restablezca el ánimo ciudadano y confíe en la autoridad.
No son herencias del pasado como justifica en su favor el atarantado gobernador, son hechos de sangre que llevan a la zozobra ciudadana que ya no cree en el bendito.
Sobre todo, porque es innegable que del 2018 al domingo pasado nadie disputa que Veracruz es el lugar de México donde se han localizado el mayor número de fosas clandestinas.
Datos del Cuarto Informe de Estrategia de Seguridad Pública dan cuenta que Veracruz registró un total de 335 fosas clandestinas correspondientes al 11.97% de las fosas del país.
Por la salud pública de Veracruz y su seguridad personal, Cuitláhuac García debería ir pensando en pedir una licencia y salir del país antes de que la justicia lo alcance.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo