El caso Yolli García, luego de tres años cuatro meses de prisión injusta y abusiva, es una de las tantas venganzas de Cuitláhuac en complicidad con el Bola #8.
La de Yolli es una de las tantas historias de las tragedias que ha vivido Veracruz a partir del 2018. Es la historia de una presa política por decir la verdad.
Luego de estar arrumbada por años en un camastro de mala muerte en la prisión de Pacho Viejo donde fue confinada para luego ser llevada al hospital donde le realizaron una operación de corazón abierto, ayer jueves un juez ordenó su libertad condicional.

 Estará bajo resguardo domiciliario no sin antes obligarla a pagar 500 mil pesos y advertirle que tiene prohibido hacer declaración alguna a la prensa. No podrá platicar con nadie y menos contar la historia de la venganza del gobierno.
Su historia, su trágica historia, sin embargo, es imposible borrar del imaginario colectivo.
La cruel venganza del Bola #8, con la autorización de Cuitláhuac se inició un mal día de 2020 cuando Yolli dio a conocer, a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información -IVAI- que encabezaba, ciertos manejos financieros que encolerizaron al mandatario procediendo al desquite a través de su cancerbero, Eric Cisneros.
Adán Armenta, esposo de Yolli dio cuenta en su momento, que “un día después de concluir su cargo el 26 de marzo de 2020, mi esposa fue detenida por haber nombrado a personal del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, sin tener atribuciones para ello, delito que, sin embargo, no ameritaba cárcel”.
Destacó, también que Yolli “fue acusada de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, lo cual jurídicamente es irregular porque le imputan tres delitos por la misma acción los cuales tampoco ameritaban cárcel”.
Luego, el 22 de diciembre de 2020, fue acusada de cometer el delito de omisión, por no haber dotado de presupuesto al OIC, a pesar de que el gobierno del estado no etiquetó presupuesto para ello.
Y aunque ninguno de los delitos arriba citados es considerado grave, el juez penal que lleva el caso, Gregorio Esteban Noriega Velasco, dictó prisión preventiva con el típico argumento “legal” de que “podría darse a la fuga”.
La consigna del gobernador, sin embargo, era clara, se trataba de dejarla en prisión de manera indefinida, es decir, sin juzgarla.
No contaban los facinerosos con que la salud de Yolli, mermó al paso de los años por el injusto confinamiento hasta ponerla al borde de la muerte.
¿El pecado de Yolli?
En julio de 2019, el pleno del IVAI resolvió que la Secretaría de Seguridad Pública debería entregar la información sobre la adquisición de 160 patrullas que un ciudadano le solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia.
Había la sospecha de sobreprecios -posteriormente confirmada- que dio como resultado que el propio gobernador echara abajo la decisión de reservar hasta por cinco años toda información relacionada con ese caso.
A esa primera molestia del gobernador, se sumó la decisión del pleno del IVAI de ordenar a la Contraloría General del estado entregar la información sobre el expediente de un funcionario de la secretaría de Finanzas y Administración.
Se trataba ni más ni menos que de Eleazar Guerrero, primo hermano de Cuitláhuac, lo cual colocaba al mandatario en una situación de conflicto de intereses.
Quedaba el descubierto el nepotismo, conflicto de intereses y ese sospechoso tufo que en arca abierta hasta el más justo peca.
Fue en ese momento en que se iniciaría el viacrucis para Yolli.
Su intempestiva detención:
“Concretamente una persona me atajó en la calle y me dijo que le bajara dos rayitas a mis pendejadas y en paralelo por otras vías me advirtieron que me iban a fregar”.
Así fue.
Un día después de haber dejado la responsabilidad pública fue detenida con lujo de violencia y convertida en “presa política”.
Vale la pena regresar al imaginario colectivo el operativo que dio lugar a su aprehensión.
Yolli había sido citada “para tomar un cafecito” con Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, una decadente dama dedicada quesque al periodismo como trampolín para ganar una plaza burocrática que le permitió acercarse -de manera muy estrecha- al Bola #8, quien la invita a ocupar la titularidad de la Unidad de Transparencia de la Segob.
A su cercana, muy cercana, Naldy, el poderoso funcionario le pide citar a Yolli en un lugar público so pretexto de que le explicara algunos “detalles sobre el funcionamiento del IVAI”
Puntual Yolli se presentó a la cita con Naldy, pero al llegar al lugar es detenida en aparatoso operativo policial.
Naldy se escabulló del ruido mediático, regresó a su oficina en espera del pago a la delación tras poner a Yolli como carnada y listo, el 4 de junio del 2020 es nombrada presidenta del IVAI.
La venganza se había consumado misma que ante la lluvia de amparos en favor de Yolli, el juez no tuvo mas que ordenar su libertad condicional.
Así se las gastan estos cabrones a quienes ya solo les quedan 16 meses de poder.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo