* La denuncia llegó al Ministerio Público de la Federación el 20 de enero de 2020

* Irene Durantes, de Invivienda, también está acusada; se ostenta como representante de Arkitektur

* Y de demandantes pasaron a demandados

 

 

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

 

Al juez Okamura no sólo le da por violar amparos. Lo suyo es secuestrar expedientes, dilatar la aplicación de la justicia, torcer sentencias, romper acuerdos, abusar del cargo y un bagage de actos de corrupción más.

Hacia octubre de 2019, mantuvo en la sombra un expediente de adjudicación de tierras —un nebuloso caso que implica documentos falsos y la presunta rebeldía de Casas Geo— y bloqueó el trámite de registro catastral.

Así por varios meses. Y luego, consultas directas, de cuerpo presente, en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, según consta en el sistema de videograbación, y sus ligas con la analista jurídica de Invivienda, Christian Irene Durantes Olivares, que a la par que se apersona como funcionaria de gobierno, se ostenta como representante de la inmobiliaria Arkitektur, y a la que el juez le da acceso a expedientes que, en cambio, le son negados a los directamente involucrados.

Hoy, Francisco Javier Okamura Salomón enfrenta una denuncia por secuestro de expedientes, abuso de autoridad, fraude procesal, administración fraudulenta y corrupción.

Al juez Segundo de Primera Instancia lo acusa Antonio Romero Gleason, cuyo negocio de renta de plantas de luz le dio para reclamar un pago de servicios a Casas Geo, disparar el adeudo de 2 millones de pesos a más de 20 millones y finalmente adjudicarse una extensa franja colindante con el malecón costero de Coatzacoalcos con una superficie más a 5.4 hectáreas.

La denuncia data del 20 de enero pasado y fue interpuesta ante el Ministerio Público de la Federación.

En ella, Emmanuel Alejandro Hernández Muñoz, abogado de Romero Gleason, detalla el ocultamiento de los expedientes relativos a los juicios civiles 1813/2015 y 1440/2016, en los cuales se dirimió el adeudo de Casas Geo, las notificaciones no atendidas hasta configurar un caso de rebeldía y la adjudicación del predio aledaño al fraccionamiento Puerto Esmeralda, junto al malecón costero, al poniente de Coatzacoalcos.

Otras versiones, difundidas en la columna INFORME ROJO, advertían que el juicio que favoreciera a Romero Gleason, a quien se le vincula con la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, se estancó tras un amparo interpuesto por Casas Geo Veracruz, aduciendo no haber sido notificada. Con ello, la escritura elaborada por el fedatario, Francisco Montes de Zárate, fue revocada, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

LAS ANDANZAS DEL JUEZ

Ya con el juicio a su favor, el 10 de octubre de 2019 tramitó que el juez Okamura expidiera un oficio dirigido a a Dirección de Catastro del ayuntamiento de Coatzacoalcos, a fin de que fuera expedida la cédula catastral y así proseguir la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad. Le informaron que el juez tenía en su poder el expediente 1813/2015.

De vida voz, el juez Okamura Salomón expresó al abogado de Romero Gleason que el expediente lo mantendría en resguardo pues se hallaba estudiándolo. Hernández Muñoz respondió que tenía acreditada su personalidad legal y era su derecho realizar cualquier consulta.

“Le comentamos que ese juicio estaba concluido y que había causado estado”, pero el juez no cedió, argumento el abogado.

Okamura persistió en su negativa, “negándonos en todo momento acceso al expediente al cual por derecho debo tener el acceso a la misma, coartándonos legalmente para proceder conforme a derecho en el mismo, obstaculizando el proceso legal en contra del suscrito, violentando nuestros derechos humanos por afectarnos en el debido proceso, manteniendo bajo secuestro (el) citado expediente al negárnoslo en todo momento”.

La negativa continuó a lo largo de los siguientes días, según consta en la denuncia, no sólo con el expediente 1813/2015 sino con el 1440/2016, vinculado al mismo litigio entre Romero Gleason y Casas Geo.

En el punto 5 de la Denuncia, Emmanuel Hernandez cita:

“Para el día 16 de ese mes y año, aproximadamente al medio día, el juez Javier Okamura se reunió con la licenciada Christian Irene Durantes Olivares, quien es la analista jurídico y que se ostenta como la representante jurídica de la moral gubernamental Invivienda, zona Coatzacoalcos, quienes se encontraron conversando por un tiempo prolongado. Previamente a la reunión la licenciada intentó solicitar los expedientes al encargado de la mesa de Tramite de la Mesa V de ese Juzgado, de nombre Raúl Gaspar”.

A pregunta expresa, Raúl Gaspar les reveló el interés del juez. La denuncia refiere:

“Ella tenía interés porque los terrenos que se están tratando de escriturar en esos expedientes según son de Invivienda y de gobierno del Estado y que un día anterior había llegado un Licenciado de Invivienda (no proporcionando su nombre pero que es superior jerárquico de la Lic. Irene Durantes) a conversar con el Lic. Okamura Salomón, en relación a esos mismos expedientes”.

De los expedientes se fotocopiaron más de 300 hojas y, según señala la denuncia, el juez Okamura ordenó se realizara de manera por demás discreta y sigilosa.

El 25 de octubre, a eso de las 4 de la tarde, Emmanuel Hernández recibió una llamada telefónica de una abogada de su confianza. Le refirió haber observado a Okamura cuando ingresó con los expedientes a un despacho ubicado en la avenida Ignacio de la Llave, entre Bravo y Guerrero, a unos metros del juzgado.

El 11 de octubre, Okamura Salomón fue visto en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad, “observándose indudablemente algún interés ya sea personal y/o para terceros” y “como prueba fiel se encuentran las cámaras de seguridad que existen en la misma en donde se observa el ingreso y salida del juez en comento y de igual manera las actividades que realizo dentro de la mismas oficinas del Registro Público con sede en esta ciudad”.

DE DEMANDANTES A DEMANDADOS

Dos meses después, los demandantes pasaron a ser demandados. El 5 de diciembre de 2019, Invivienda interpuso demanda —expediente 1072/2019— contra Romero Gleason, Emmanuel Hernández y otras autoridades solicitando la nulidad de los juicios 1813/2015 y 1440/2016.

“Estos juicios son precisamente en donde el personal de Invivienda y la Lic. Christian Irene Durantes Olivares, preguntaban a cada rato y conversaban con el juez Francisco Javier Okamura Salomon”, señala la denuncia.

Invivienda aseguraba carecer de pruebas por carecer de personalidad jurídica, pero en el juicio 1072/2019 anexó las fotocopias que presuntamente el juez Okamura Salomón extrajo del expediente. Así lo plantea la denuncia de Emmanuel Hernández y advierte que Invivienda tuvo su oportunidad de defensa en los juicios 1813/2019 y 1440/2016 y “se desistió de los amparos por no verse afectado”.

El 20 de enero de 2020, Romero Gleason, vía Emmanuel Alejandro Hernández, formalizó su denuncia contra el juez Francisco Javier Okamura Salomón por actos de corrupción, secuestro de expedientes, abuso de autoridad, fraude procesal y administración fraudulenta.

Con él, están denunciados Invivienda y Christian Irene Durantes Olivares, la analista jurídica que también se ostenta como representante “de la particular Gestiones Inmobiliarias Arkitektur, S.A. de C.V”.