* Morales Bustamante se hallaba en grave estado de salud cuando firmó documentos; ¿para qué?

* De última hora, Carlos de la Rosa, ex director jurídico, obtuvo la representación legal del extinto tesorero

* En febrero, el clan joaquinista buscaba una salida audaz al boquete financiero

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Coatzacoalcos, Ver.— Casi agonizando, Alfonso Morales Bustamante otorgó poderes plenos a Carlos de la Rosa López, abogado del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, a quien la Auditoría Superior de la Federación asedia y le imputa desvío de recursos públicos de índole federal.

Tres meses antes de morir, Morales Bustamante luchaba contra una cirrosis devastadora y, a la par, enfrentaba una presión legal abrumadora. Lo vencía la enfermedad. Lo cercaba la ley.

En febrero pasado, cuando aún su salud le permitía andar, el ex tesorero municipal concertaba con Joaquín Caballero y su equipo político intentado solventar el pliego de inconsistencias emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz en torno a la Cuenta Pública 2017 del municipio de Coatzacoalcos, y las irregularidades observadas por la ASF en el uso de fondos federales correspondientes al ejercicio 2015.

En la Cuenta Pública 2015, observada por la ASF, se advierte un presunto daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, producto de pagos irregulares a contratistas, tomando recursos de una partida federal con las que no se podía saldar las obras ejecutadas, así como 23 transferencias de recursos a cuentas del mismo ayuntamiento pero sin justificar su aplicación o destino.

Un mes después, el 11 de marzo, cuando su salud entraba en crisis, Ángel Alfonso Morales Bustamante otorgó un poder notarial a Carlos de la Rosa, ex director jurídico municipal y abogado y amigo del ex alcalde Joaquín Caballero, principal señalado por el desvío de recursos.

Según consta en el instrumento 32,137, expedido en la Notaría No. 20 de la demarcación de Coatzacoalcos, De la Rosa obtuvo poder para pleitos y cobranzas ante cualquier tipo de autoridad para juicios de cualquier carácter, penal, civil, mercantil, administrativo, laboral y jurisdiccional; emitir o recibir notificaciones, e interponer, denuncias y querellas.

Una cláusula especial le permitía a Carlos de la Rosa recibir toda clase de emplazamientos y representar a Morales Bustamante en asuntos incuso de índole personal “ya sea mediante diligencia ordinaria o por comparecencia o por edictos”.

Justamente dos edictos, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, establecen que Joaquín Caballero comparezca este viernes 15, en la Ciudad de México, para intentar solventar, por última vez, las inconsistencias halladas en la Cuenta Pública 2015. De no lograrlo, se acreditará el daño patrimonial contra el gobierno federal.

Sobre Morales Bustamante, también emplazado a comparecer, ya no se podrá ejercer acción legal. El ex tesorero municipal, quien también fuera director del DIF entre 2001 y 2004; síndico de 2005 a 2007, y alcalde sustituto en Coatzacoalcos en 2007, falleció el pasado lunes 10.

UNA VISITA AL HOSPITAL

Entre el equipo cercano a Morales Bustamante, se cuestionan si el poder notarial otorgado a Carlos de la Rosa fue un acto libre de presiones u obligado.

Una versión aportada a este reportero advierte que el ex tesorero municipal fue visitado en la clínica de Pemex de Coatzacoalcos por Joaquín Caballero, en los primeros días de marzo.

En ausencia de sus familiares, Caballero dialogó por varios minutos con su ex colaborador, ambos del equipo marcelista, y luego se marchó.

Minutos después, los familiares de Morales Bustamante supieron que había había estampado su firma en varios documentos. “Son de cuando estuvimos en la presidencia”, habría respondido el ex tesorero.

BUSCANDO UN CULPABLE

El 18 de febrero, la columna INFORME ROJO expuso la grave situación que encara Caballero Rosiñol por la Cuenta Pública 2017 y el asedio de la ASF y la Secretaría de la Función Pública (ejercicio 2015 y los subsecuentes), el cónclave de funcionarios joaquinistas, la responsabilidad del contralor al no informar irregularidades o ser desoído, y el estado de salud, ya extremadamente deteriorado, del ex tesorero Morales Bustamante.

“El dilema —escribí en INFORME ROJO— es cómo cubrir los 142 millones o a quién responsabilizar. Hay conclave a menudo en las instalaciones de lo que fue la empresa de materiales Morales Gordillo. Asisten Caballero, su ex secretario de Obras Públicas, Fernando Ramos; el ex director jurídico, Carlos de la Rosa; el ex secretario de Gobierno, hoy regidor priista-morenista, Oliver Damas de los Santos; el personal del área financiera y de Contraloría; el ex director de Infraestructura y beneficiario de obras, socio del ex alcalde en la compañía Perconsa, Guillermo Ibarra Macías, y el ex tesorero, Alfonso Morales Bustamante, hoy en grave estado de salud. Sobre éste se intenta recaer la mayor responsabilidad.

“Presume Caballero que hasta la Auditoría Superior de la Federación se ha dado por satisfecha en sus observaciones. No es así. La ASF y la Secretaría de la Función Pública no tardan en proceder.

“A dos años, el expediente de corrupción sigue abierto.

“Lo de Orfis es grave. Hay otros informes que van a escandalizar.

“Y Caballero en la mira”.

Ahora aparece un poder notarial otorgado por el extinto Morales Bustamante a Carlos de la Rosa, el abogado y amigo del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol.