Cuando dormía con su niña en el departamento que habitaba en un fraccionamiento privado de Xalapa, a la 1:30 de la mañana del pasado 27 de abril fue detenida María del Rosario Zamora González, quien era directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La aprehendieron por el presunto delito de desaparición forzada y el ocultamiento de trece cadáveres. Esa misma mañana, la FGE divulgó la información con una fotografía de la mujer.

Siete meses y días después, ayer se filtró el video de la detención, que estuvo plagada de violaciones a los derechos humanos, con tratos degradantes que, de acuerdo a juristas expertos a los que consulté, se traducen en tortura.

En el video se observa cómo seis personas, tres hombres y tres mujeres, todos jóvenes, sin uniformes que los identificaran, fuerzan la chapa de la puerta de la entrada y se introducen, sorprendiendo a la mujer que seguramente ya se había puesto de pie al oír el ruido pero que todavía tenía puesta su pijama.

Se produce entonces un forcejeo cuando dos de las tres mujeres proceden a tratar de sujetarla y para esto se escucha el grito desgarrador de la niña que ya se ha dado cuenta lo que está sucediendo. Insensibles, como unas bestias, los captores no se detienen.

Después se sabe que la llevan al reclusorio de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec; la fotografía que divulga la Fiscalía la muestra con la pijama que portaba al momento de su detención.

Más allá de los detalles legales del caso, me llama la atención que el video haya sido filtrado precisamente en medio del escándalo por la salida de prisión, que no declarados inocentes, de excolaboradores del gobernador Javier Duarte y ante las denuncias por múltiples atropellos y verdaderas atrocidades por parte del fiscal general del Estado, Jorge Winckler, así como de varios de sus colaboradores.

Según el propio testimonio de la exfuncionaria, en su aprehensión participó solo la Fiscalía General del Estado, por lo que alguien de adentro mismo quiso ayer que se conociera la acción violatoria de derechos por parte de los ministeriales, horas antes de que la LXV Legislatura aprobara la iniciativa para que el Fiscal pueda ser removido por el Congreso, ante varias peticiones para que fuera sometido a juicio político.

En su defensa, la detenida reveló que el Fiscal General le ofreció abreviar su proceso para dejarla en libertad a cambio de que inculpara al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, así como a otros ex funcionarios. “Me dijo, ya estás en la cárcel, ahora te toca imputar a unos servidores”.

También denunció que era víctima de persecución por parte del Fiscal Especializado en Desapareción de Personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien ingresaba al penal de Pacho Viejo en las noches con un grupo de personas para ejercer acciones intimidatorias en su contra, porque “hace justicia en la oscuridad”.

Activista puso en duda la causa

Lo curioso fue que el mismo día de la detención, una activista puso en duda el señalamiento de la Fiscalía.

Mayra de la Vega, integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, quien busca a su hija Mayra Elisa Remes de la Vega, desaparecida en Orizaba el 15 de julio de 2013, dijo que si Zamora González resultaba responsable debía ser castigada con todo el peso de la ley, pero que de haber pruebas fabricadas era “censurable” que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares utilizara “el dolor” de las familias que buscan a sus desaparecidos al realizar ese tipo de detenciones.

Fue la primera vez que el nombre del exgobernador fue involucrado en el caso y saltó a la opinión pública, incluso la señora De la Vega declaró a La Jornada Veracruz que había conocido a la detenida cuando estaba en funciones y que le había dado un trato cordial a las familias de personas desaparecidas.

“Sorprendida por esta detención tuve la oportunidad de tratar y conocer a Rosario Zamora cuando fue Fiscal de Investigaciones Ministeriales, tengo que decirlo que siempre fue muy atenta conmigo y lo mismo con todas las familias, jamás note que tuviera privilegios con ningún padre y me sorprende porque la conocí y me resulta difícil creer que sea una persona capaz de ocultar los cuerpos, ella es madre y sabe que es difícil”.

En esa fecha dijo que si era culpable de desaparecer los cuerpos que se le castigara: “Si la señora es culpable, si la Fiscalía tiene pruebas pediré que la señora sea sancionada conforme a derecho”.

Pero agregó: “Lo que sí quiero dejar en claro: se me hace muy sospechosa esta detención en estos momentos electorales, desconfío, porque en otros casos ha ocurrido que se fabrican pruebas. Sería muy censurable que el gobernador Yunes utilice el dolor de las familias que buscamos a nuestros hijos para ayudar a la campaña de su hijo”.

Juristas expertos que conocen la Fiscalía por dentro me dijeron ayer que la detención que se ve en el video “dibuja más que un acto de justicia una sed enfermiza de venganza, pues por principio se advierte que los policías ministeriales, que se supone que lo son puesto que no llevan uniformes, no se identifican y mucho menos le dan lectura al mandamiento de captura como se imponía en el caso, que es el derecho mínimo que merece todo ser humano”.

Y: “Amén de ingresar, según se advierte, en altas horas de la noche, siendo que una orden de cateo debe ser solicitada y otorgada por el juez del caso como un instrumento último, es decir, la funcionaria debía ser detenida de esa forma si hubiera estado evadiendo la acción de la justicia, mas como se puede constatar se encontraba en su domicilio durmiendo con su menor hija, por lo que pudo ser detenida cuando saliera o entrara al mismo”.

Me comentaron que de acuerdo a las imágenes, los policías demuestran total incapacidad jurídica, por lo que cumplieron una consigna más que un mandamiento de captura.

“Cumplieron la humillación contra una indefensa mujer cuando dormía sin importarles violentar derechos humanos, que deben prevalecer siempre, como es trato digno, e hicieron lo contrario, le dieron trato degradante como persona y por si eso fuera poco nada les importó que su hija presenciara los hechos, que sin duda alguna trascenderán en su vida futura”.

A jucio de los juristas expertos, hechos como ese deben ser denunciados y también deben ser castigados quienes amparados en un cargo cometen abuso de autoridad y violentan los derechos humanos de toda persona.

Inicia expediente Derechos Humanos

Al conocer el video, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició el expediente de queja DAV/1690/2018, de manera oficiosa, ante un “acto que, eventualmente, puede constituir violaciones a sus derechos humanos”.

La Comisión informó que realizará todas las diligencias necesarias para emitir la resolución que en derecho corresponda y tutelar efectivamente los derechos de la menor de edad.

Previamente, tras la denuncia que la detenida hizo en su momento, la CEDH solicitó atención especializada para la niña a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el caso de los policías que cometieron el atropello, son plenamente identificables pues el video muestra muy claramente sus rostros, por lo que si alguna autoridad quisiera actuar ahí tiene una prueba irrefutable.

Y pensar que hay quienes defienden que el fiscal Winckler se quede otros siete años en el cargo cuando debiera estar ya en Pacho Viejo, pero detenido y sujeto a proceso.