Pero qué necesidad…
Juan Gabriel

Durante la pasada campaña, este reportero le preguntó en una entrevista radiofónica al entonces candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, si estaba consciente de que de ganar la elección, le entregarían un estado en ruinas, endeudadísimo y, lo más grave, sin solvencia financiera para enfrentar el primer compromiso económico fuerte de la siguiente administración: el pago de aguinaldos.

 El hoy gobernador electo respondió que era obligación del gobierno actual dejar saldados sus pasivos así como dinero en caja para cumplir con los compromisos inmediatos. Lo cual, aunque cierto desde el punto de vista legal, era más bien un deseo que una convicción.

A estas alturas, queda claro que Javier Duarte va a entregar la administración hecha un completo desastre, con deudas por todos lados que comprometerán cuestiones tan sensibles como el abasto de medicamentos, la educación superior y hasta el margen de maniobra financiero para el próximo bienio.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), dio a conocer que debido a la deuda acumulada en los pasados tres años, Veracruz será excluidos de la compra consolidada de medicinas para el abasto de 2017, lo que aunado a la severa crisis en los servicios médicos de la entidad, en la que en varios hospitales públicos se ha suspendido la hemodiálisis para los pacientes con enfermedades renales, significa un bomba de tiempo que estallará en cualquier momento y cuyas consecuencias son, sin más, la muerte de personas.

A su vez, la Universidad Veracruzana volvió a denunciar que el gobierno de Duarte de Ochoa no cumplió con el calendario de pago de sus adeudos con la casa de estudios, que se mantienen en dos mil 500 millones de pesos, de los cuales, mil 500 millones corresponden a los impuestos pendientes de pago al Sistema de Administración Tributaria que podría, por esta causa, embargar a la UV.

A lo anterior hay que añadir que las calificaciones crediticias de Veracruz han sido reducidas a lo que se llama “bonos basura”, lo que significa negarle a la entidad cualquier posibilidad de adquirir créditos bancarios, y además, el riesgo de un cobro anticipado de dos mil millones de pesos del fondo de remanentes. Eso, en pocas palabras, representaría la quiebra total del estado.

Esto se refuerza con el análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) sobre la deuda de corto plazo de Veracruz, que reportó pasivos con vencimiento inferior a un año por 17 mil 542 millones de pesos al cierre de junio de 2016, contra una deuda de corta duración por tres mil 550 millones en junio del 2015.

La recientemente aprobada Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios establece que las administraciones estatales deben liquidar su deuda de corto plazo mínimo tres meses antes de la conclusión de sus periodos. Pero a 92 días de que termine el terrible sexenio de Javier Duarte, no hay indicios, según el Imco, de que vayan a pagar nada, porque ni siquiera reportaron la deuda en sus informes trimestrales.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, desde hace meses se sabe que el pago de compromisos como los salarios de la burocracia está garantizado en la Secretaría de Finanzas y Planeación hasta el 30 de noviembre próximo. Para el 15 de diciembre, cuando hay que pagar aguinaldos, el duartismo no piensa dejar ni un solo peso.

Y ya ni hablar de la basificación de siete mil burócratas y del pago a acreedores con el impuesto a la nómina. De eso, sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede salvarnos.

De ese tamaño es la funesta herencia que le deja Javier Duarte a Veracruz. Muy diferente de la que él recibirá de su “amigazo”, el “espléndido” “Moi” Mansur, otro de los supermillonarios del sexenio. Por supuesto, con cargo al erario.

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