Pertenecen a la Intermunicipal Veracruz-Boca del Río; extinguieron la corporación, la revivieron y no les reconocen antigüedad; la mayoría son mayores de 60 años

 

 

MUSSIO CÁRDENAS

 

Veracruz, Ver.– Con los años a cuestas, 58 elementos de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río tocan puertas, alzan la voz, sienten el desencanto, el abandono, la burla, el desdén oficial. Y sólo quieren, sólo exigen su derecho a una pensión.

Son 58, entre policías y empleados, y de ellos 48 son mayores de 60 años, agraviados y ultrajados por decisiones que les mataron su fuente de empleo, su antigüedad laboral, la ilusión de vivir sus últimos días con algo de paz.

Eran 49 policías con más de 60 años de edad, pero hubo una baja. El 4 de noviembre trascendió la muerte de Enrique Díaz, don Enrique, uno de los que con más vigor defendió la causa, una inspiración para sus compañeros, el “entrañable compañero”, el que se fue sin perder la dignidad, el de la sonrisa hasta el final.

Unos y otros cargan la desesperanza en los hombros. Trece años así, desde que el gobierno de Javier Duarte, en 2011, extinguió la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río y dejó literalmente a 900 agentes y 100 empleados en el limbo legal.

Meses antes –25 de mayo– fue extinguida la Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan. 837 elementos se fueron a la calle.

“Es importante señalar que serán respetados todos los derechos laborales de los elementos, que hasta el día de ayer integraban esta corporación”, decía entonces la vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez Colío.

Le ofrecieron integrarse a la SSP, pero no les dijeron que no les reconocerían su antigüedad. 

Salieron a protestar. Sus reclamos hallaron cabida en la prensa libre. Exigieron su reubicación, que su fuente de empleo quedara a salvo.

Al siguiente año, enero de 2012, el personal de la Intermunicipal se integró a la nómina activa de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pero el Instituto de Pensiones del Estado no reconoció la antigüedad de esos elementos “porque municipios –Veracruz y Boca del Río– y el gobierno del estado omitieron la inscripción y la aportación de cuotas para todo el personal durante la existencia de esa policía y sólo reconoce  el ingreso a partir de que la SSP comienza a descontar las cuotas quincenales”, refieren los afectados.

En la trama se hallan desde el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, hasta el jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Ulises Rodríguez Landa, y sus brazos ejecutores.

Un extenso relato y comentarios en prensa dan cuenta de las penurias que enfrenta medio centenar de elementos de la Intermunicipal Veracruz-Boca del Río.

“Para que los afiliados al IPE puedan gozar de los beneficios de la invalidez o cesantía por edad, es necesario como mínimo la cotización de 16 años.

“En un desplante inmoral, con total abuso de poder fueron vejados y aun lo siguen haciendo funcionarios de Recursos Humanos de la SSP, a grado tal que han violentado sus derechos humanos y los coartan, condicionan y coaccionan para que renuncien de propia mano a pertenecer a dicha institución.

“Todo este personal para poder jubilarse tendrá que cumplir 30 años en el puesto que tienen en la Secretaría de Seguridad Pública independiente que la mayoría ya había cumplido treinta años en las policías municipales de Veracruz, Boca del Río y Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río”.

LA GOTA QUE DERRAMA EL VASO

 

Este 15 de octubre, la SSP fue más allá. Sin fundamento alguno, sin concepto legal, sin facultades legales que les confiera la institución ni ley alguna, funcionarios ordenaron detener y extinguir los pagos al personal que exige respeto a sus derechos laborales, reconocimiento a su antigüedad y pagos de pensión.

“Dicha orden de motu propio, o sea generada por ellos mismos, por abuso personal hacia este sector vulnerable, los amenazaron verbalmente en una reunión en las instalaciones de la delegación de la policía en Boca del Río, coaccionándolos a que firmaran o consiguieran del IMSS, con sus médicos, un documento que diga que queda sin efecto el dictamen de invalidez o de edad avanzada, que en su momento dichos documentos médico legales les expidieron”.

Era un engaño. Les ofrecieron que a cambio gozarían de los beneficios y cobertura del Instituto de Pensiones del Estado. 

“Todos ellos ya tienen un dictamen con el que pasaron a su retiro, legalmente expedido por el IMSS, pero los funcionarios en cuestión no desean reconocer esa antigüedad.

“Los familiares de estas personas inválidas han peregrinado todos estos días sin que puedan ser atendidos.

“Al no darse las condiciones para que estos sobrevivientes de otras administraciones puedan pasar decorosamente a esperar su fallecimiento en el Instituto de Pensiones, sería necesario que cuando menos reconozca 15 años de cotizaciones anteriores por cada uno de este grupo para quedar de la siguiente manera: desde la creación de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, en el año de 1994 hasta enero del año 2009, que serían los primeros 15 años, y de enero de 2009 a enero del 2025 que sumarian los 16 únicos años cotizando al IPE”.

ULISES RODRÍGUEZ LANDA, EL CEREBRO DE LA INFAMIA

 

Acusan a Ulises Rodríguez Landa, un viejo priista converso a Morena, hoy jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad, de urdir las maniobras e instruir cómo sacudirse a los afectados. Y con él a mandos medios.

Rodríguez Landa es operador de Eleazar Guerrero Pérez, ex subsecretario de Finanzas y primo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La cadena de mano para consumar la trastada va así: Elvia Nohemí Hernández García, delegada administrativa de la Subsecretaría de Operaciones; Yazmín Ruiz Tabla, jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública; Nancy Calzada Cruz, subdelegada de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Operaciones, y Yulia Ochoa San Feliz, jefa de personal de la Subsecretaría de Operaciones.

Sobre Yulia Ochoa, el portal Mi Revista Veracruz señala:

“Es la funcionaria que ha presionado y rayonado los documentos oficiales y originales del IMSS para que sean conseguidos por los familiares y que estén en sus archivos personales como si la invalidez y la edad avanzada fueran recientes para poder trasladarlos oficialmente al IPE, sólo que esto no es posible porque toda incorporación es voluntaria”.

Veracruz es tierra de policías mal pagados. Y cuando se les remunera bien, el gobierno lo cataloga como “error”. Y al rectificar, les baja el salario.

“Un elemento de la policía intermunicipal a la extinción ganaba 11 mil 300 pesos al mes. Cuando el gobierno ‘corrigió’ su error, ganaban 7 mil pesos al mes, que ha tenido desde el 2012 a esta fecha mínimos incrementos”.

Ya con incrementos salariales, “suman 8 mil 500 (mensuales) en la actualidad y que si este personal es trasladado ilegalmente y en contra de su incorporación voluntaria y sin el pago de las cuotas que debe cubrir la SSP de los 15 años no aportados antes del 2009, el ingreso mensual sería de 3 mil 800 pesos, o quedar sin pago alguno de forma definitiva por no acceder a la coacción y extorsión a qué están siendo sometidos”..

Rodríguez Landa y subalternos empantanan la solución al conflicto. Retienen salarios, desconocen antigüedad laboral y reprimen a los elementos policíacos. Es el expediente que recibirá el gobierno de Norma Rocío Nahle García el 1 de diciembre.

Mientras, los afectados volverán a las calles, tomarán carreteras, tocarán puertas en las comisiones de derechos humanos “para que detengan este atropello y se castigue a los culpables”. 

Y en algún punto, la SSP tendrá que justificar por qué no se cubrieron los primeros 15 años de aportaciones al IPE y cuando llegó Cuitláhuac García al gobierno de Veracruz, lo terminó de complicar.

 

PRESIONES HASTA EL FINAL

 

La última intimidación ocurrió el 25 de octubre cuando “los viejitos fueron amenazados (de despido) sin notificación personal por escrito, haciéndolos creer que era un pase de lista periodico”, según refiere el portal Mi Revista Veracruz.

Acudieron a C5, el órgano de inteligencia de la SSP. Ahí, fueron instruidos a firmar un acta en la que se consignó que si no entregaban un nuevo dictamen o nota médica que lleve la leyenda “bueno para la vida, malo para la función” serían despedidos o puestos a trabajar.

En el video de ese episodio se observa la negativa de los policías de la tercera edad a aceptar las condiciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Algunos acudieron en silla de ruedas, con muletas, con bastón, todos cansados por la edad, sin dejar de luchar por el reconocimiento a su pensión.

Son 58 elementos de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río que no cesan de tocar puertas, sintiendo el desencanto, el abandono, la burla, el desdén oficial. Y sólo quieren, sólo exigen asegurar sus últimos días en paz.