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Ciudad de México.— En una prolongada sesión de más de siete horas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular, una reforma que había generado amplio debate en torno a la independencia judicial.

Con seis votos a favor y sin la mayoría calificada de ocho necesaria para declarar la inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte evitó entrar a una discusión de fondo sobre si esta medida vulnera o no la autonomía del Poder Judicial. La ministra presidenta, Norma Piña, consultó al Pleno sobre la posibilidad de aplicar la norma constitucional de seis votos para invalidar leyes, pero la mayoría coincidió en que se requieren ocho votos para una decisión de esa naturaleza, dada la integración actual de 11 ministros en el máximo tribunal.

El debate, marcado por diferencias profundas, evidenció las posturas encontradas en torno a la reforma. Alberto Pérez Dayán, quien se apartó de sus colegas en el bloque mayoritario, argumentó que la SCJN ni siquiera debía revisar la acción de inconstitucionalidad y que lo correcto habría sido desecharla sin más discusión. “No debimos siquiera analizar el fondo de esta reforma”, subrayó Pérez Dayán, reiterando su desacuerdo con la procedencia de la impugnación.

A pesar de que González Alcántara Carrancá consideraba que era factible aplicar la norma de seis votos para este caso, reconoció la dificultad de alcanzar consenso, pues los ministros Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Pérez Dayán manifestaron su oposición a profundizar en la revisión de la medida.

“Las reglas del juego no se establecen en medio de la partida; debemos ser consecuentes con la autocontención y aceptar que no hay viabilidad en el estudio de fondo cuando cuatro ministros ya se han pronunciado en contra”, declaró González Alcántara, marcando el tono final de su intervención.

Ante la falta de acuerdo en el Pleno, la reforma judicial, que incluye el proceso de elección de jueces y magistrados, continuará como fue aprobada originalmente en el Congreso de la Unión.