ESPECIAL

Este martes 16 de julio, en su habitual conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso con una firmeza que no siempre se ve. “No debió actuar así la policía del Estado”, afirmó. Su voz llevaba el peso de una promesa: “No habrá impunidad”.

El presidente explicó que la Cuarta Transformación (4T) mantiene una política de no represión contra manifestantes, una política que, en este caso, fue traicionada. La represión dejó una herida profunda en San Antonio Totalco, una herida que exige justicia. López Obrador confirmó que la investigación está en marcha y que ya se han detenido a dos policías de la Fuerza Civil. “Se va a continuar con esta investigación, con este proceso y no habrá impunidad”, aseguró, como si cada palabra fuera un bálsamo para el dolor de las familias afectadas.

En la localidad de San Antonio Totalco, municipio de Perote, el sol del 20 de junio cayó sobre una escena de desesperación y lucha. Campesinos y pobladores, sus manos endurecidas por el trabajo, se levantaron en protesta contra la empresa Granjas Carroll de México (GCM), acusada de acaparar y contaminar el agua de la zona. Durante siete horas, sus voces resonaron en la carretera libre Xalapa-Perote, exigiendo justicia, exigiendo ser escuchados.

Pero lo que comenzó como una manifestación pacífica, terminó en tragedia. Aproximadamente a las dos de la tarde, la Fuerza Civil irrumpió en el lugar, y lo que siguió fueron gritos, jaloneos y disparos. Entre el caos, dos vidas se apagaron: los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, asesinados presuntamente a quemarropa por los policías.

En Veracruz, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ha informado que ya son cinco los policías detenidos por este caso. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han actuado en conjunto, arrestando a los policías Juan Carlos “N” y Joel “N”.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en respuesta a la tragedia, anunció la desintegración de la Fuerza Civil, aunque, según el secretario de Seguridad Pública, el proceso será largo y complejo. Mientras tanto, la comunidad de San Antonio Totalco sigue esperando justicia, sigue exigiendo respuestas.

La historia de Jorge y Alberto Cortina Vázquez es un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a levantar la voz en defensa de sus derechos y de su tierra. Su muerte no puede ser en vano; su lucha, un eco que no debe apagarse.

La esperanza reside en que el compromiso presidencial se traduzca en acciones concretas, en que la promesa de no impunidad se cumpla, y que las manos de los campesinos de Totalco puedan volver a trabajar su tierra, libres de temor y llenas de dignidad.